México, DF.- En su estrategia por reducir los riesgos de corrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que entre sus filas hay quienes han incurrido presuntamente en extorsión y cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración de justicia; retención ilegal; privación ilegal de la libertad; robo; abuso de confianza; fraude; ejercicio abusivo de funciones; ejercicio indebido de servicio público; peculado; hostigamiento sexual; y uso de documento falso.
Por ello de abril a septiembre de 2015 ha logrado consignar a 176 implicados, de los cuales 168 son servidores públicos y 8 son particulares.
En éste balance la dependencia reveló que se han cumplimentado 80 órdenes de aprehensión en contra ministerios públicos federales, policías federales ministeriales y mandos de la institución.
Tras ejercer acción penal, los jueces han dictado autos de formal prisión y sujeción a proceso en contra de 69 personas.
En un desglose estadístico, la PGR indicó que sobre los 176 consignados existe 110 por ciento más respecto de la tendencia que vino observándose como promedio mensual de diciembre de 2012 a marzo de 2015.
En este balance de seis meses, que relacionado con las 80 órdenes de aprehensión se reflejó un incremento del 67 por ciento; y otros casos están pendientes de determinación por parte de la instancia judicial, y en aquellos en que se ha negado la pretensión ministerial, se ha promovido la apelación correspondiente.
Los autos de formal prisión decretados contra 69 personas significa un incremento del 132 por ciento comparado contra el promedio mensual de autos dictados de diciembre de 2012 a marzo de 2015.
En el desglose de delitos, la Procuraduría señala que en los casos de extorsión y cohecho, se ha acreditado que los servidores públicos amenazan mediante el uso de la fuerza, o solicitan dinero a ciudadanos a cambio de no inculparlos en la comisión de delitos, o bien para favorecerlos en su situación jurídica cuando han sido detenidos o son investigados. Entre éstos se ubican 7 casos de privación ilegal de la libertad con propósito de extorsión (secuestro exprés).
Para los expediente de enriquecimiento Ilícito, se tienen hasta el momento 6 casos (uno de los cuales corresponde a un exdirector general) en los que se identificaron patrimonios superiores a los que se justifican por sus ingresos como servidores públicos.
Los delitos contra la administración de justicia, primordialmente se cometieron al realizarse cateos ilegales, o por asentar hechos falsos en un informe policial o constancia ministerial.
Para el rubro de abuso de autoridad, detectaron retenciones ilegales por un tiempo mayor al permitido constitucionalmente sin que se determine la situación jurídica; uso excesivo de la fuerza; introducirse en domicilios sin autorización judicial; solicitar a subalternos parte de sus viáticos a cambio de seguir saliendo de comisión; impedir a ciudadanos la presentación de denuncias.
Se incluyen también casos por delitos de privación ilegal de la libertad, robo, abuso de confianza, fraude, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido de servicio público, peculado, hostigamiento sexual y uso de documento falso.
Adicionalmente, en la vía administrativa fueron removidos 89 agentes del Ministerio Público de la Federación y 15 agentes de la Policía Federal Ministerial (104 servidores públicos) y significan un 276 por ciento en contraste con el promedio mensual de diciembre 2012 a marzo 2015.
Las conductas que dieron lugar a estas sanciones consistieron en irregularidades graves como introducirse a un domicilio sin orden de cateo o causar destrucción en el mismo, uso excesivo de la fuerza, causar lesiones a detenidos o detener con prepotencia a ciudadanos sin causa justificada, solicitar dinero a parientes de detenidos a cambio de beneficiarlos respecto de su estado jurídico, sólo por mencionar algunas.
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