Ante las acusaciones de un mal manejo del caso Tlatlaya, el procurador General de Justicia del Estado de México y actual candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que se hizo un trabajo oportuno y que presumiblemente los militares alteraron la escena del crimen.
Durante su comparecencia en el pleno del Senado de la República, el procurador presentó 10 acciones que la dependencia a su cargo realizó el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron acribilladas 22 personas que se presume son parte del crimen organizado y que al rendirse fueron asesinados por militares.
En ese sentido, el aspirante a ministro dijo que se procesó el lugar de los hechos en términos en los que éste fue encontrado, tomándose entrevistas de los elementos militares quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado y se recabaron las primeras entrevistas de las mujeres que encontraban en el lugar de los hechos y a quienes el Ministerio Público dio la condición de víctimas y se les otorgó protección.
Bajo esa lógica, el Procurador mexiquense aseguró que tres días después de los hechos, la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República para la continuación de las investigaciones por tratarse de hechos, materia de su competencia y se practicaron las diligencias periciales inmediatas.
“De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente elementos de Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría Mexiquense. Lo cual, a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales”, reiteró.
Como séptimo y octavo punto, dijo que el procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría Estatal fue oportuno, y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones.
En ese sentido, reiteró que las posibles omisiones, deficiencias e insuficiencias del personal de la procuraduría local sobre el procesamiento del lugar de los hechos, derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de los procesos de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes en los términos de la propia recomendación.
Sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, Gómez Sánchez expuso que el ministerio público ejercitó acción penal en contra de los probables responsables, quienes se encuentran vinculados a proceso penal.
Además dijo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en vías de cumplimiento y están atendiendo todos y cada uno de sus puntos resolutivos.
“He puesto a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes los hechos, las evidencias y al personal actuante. Y, en todo caso, seré respetuoso de las decisiones de los tribunales”, reiteró.
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